Las cifras hablan por sí solas: la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación registra en la actualidad 32.682 casos documentados de desaparición forzada, 1.332 de masacres, 167.000 de homicidios. En el fenómeno de desplazamiento forzado y pérdidas de bienes hay cifras que oscilan entre 3 y 4 millones para el desplazamiento, de las cuales, según cifras oficiales, cerca de 500.000 hogares fueron despojados de sus propiedades y su hábitat, el número de hectáreas de tierras abandonadas también oscila entre 3 y 5 millones. Aún no hay datos exactos, pero se avanza en estudios e investigación al respecto.
Las 32.682 desapariciones, 1.332 masacres y 167.000 homicidios no son sólo números. Cada dígito es un ser humano, una persona como usted o como yo, a la que se le arrebataron sus derechos, y las consecuencias del hecho violento se irradiaron a la vida de todos sus familiares, a los que también se les truncó la vida. Para el caso de las masacres, pueblos enteros un día se encontraron con la ocupación monstruosa de un intruso armado y violento que cometió asesinatos, violaciones, torturas. A unos los confinó, a otros los desplazó, les robó, les profundizó la pobreza, los volvió indigentes, les trastocó sus valores, les invirtió su cultura. De todo eso estamos hablando cuando hablamos de las víctimas.
Una buena noticia en esta Semana por la Paz es que el Gobierno que comienza ha anunciado como una de sus prioridades la Ley de Víctimas y la restitución de las tierras. Ayer se radicó este último proyecto, que en cierta forma encuentra un terreno abonado. Durante todos estos años, diferentes sectores del país se han ocupado de hacer visibles a las víctimas. Los propios sobrevivientes se han organizado en busca de hacer valer sus inalienables derechos, pero, por la magnitud de los daños, todo lo actuado no es ni medianamente satisfactorio. Entonces, ¿qué hacer?
En primer lugar, se necesita concebir que asumir esta realidad se convierte no solo en un deber de obligatorio cumplimiento en un Estado Social de Derecho, sino que, además, depende de cómo se haga; puede ser la gran oportunidad de modernización del Estado y su desarrollo. Me explico: la violencia no se desató al margen de la institucionalidad. Muchas instituciones fueron también víctimas. Recuperarlas para que cumplan con sus funciones constitucionales es una prioridad del Estado de Derecho, lo que significa depurarlas, fortalecerlas y ponerlas a la altura de las circunstancias.
Los desplazados son, en su mayoría, campesinos expertos en el manejo de la tierra; son un potencial que, retornado al campo, con apoyo técnico y seguridad, contribuirá al desarrollo del país.
Hay que verlo así. Estamos en el comienzo de un Gobierno que llama a la unidad nacional para la prosperidad democrática. Si eso es verdad, si eso es sincero, pues los diagnósticos están hechos. Se trata de democratizar más al país, hacer valer la Constitución de 1991 e incluir a los cientos de miles que fueron excluidos porque un día la violencia avasalló sus vidas.
Sumémonos a las actividades de esta Semana por la Paz. Es valioso el foro de hoy 9, sobre experiencias de reparación, en la Universidad Javeriana, así como el del 14, sobre tierras, en que podremos conocer de primera mano las propuestas del Gobierno, de la oposición y de los expertos en el tema. Es útil y oportuno que se consulte la programación nacional en la página www.redepaz.org.co.
